martes, 14 de marzo de 2017

Los Estados débiles generan corrupción, y la corrupción aumenta su debilidad

ENFOQUE

La lucha contra la corrupción estructural

Pelegrín Castillo
Especial para LISTÍN DIARIO
Santo Domingo
La corrupción es un fenómeno inherente al Estado Débil. Cómo bien explicó Karl Gunnar Myrdal, el gran economista sueco: los Estados débiles generan corrupción, y la corrupción aumenta su debilidad en forma creciente, lo que, a su vez, produce más corrupción, y así se reproduce y amplifica mediante un fenómeno de “causación circular acumulativa”.
También sabemos que los Estados débiles pueden terminar convertidos en Estados fallidos, es decir, en Estados que no pueden cumplir con sus fines esenciales.
Aunque es común analizar la corrupción con criterios éticos, morales o jurídicos, o con fines de descalificar adversarios políticos, la realidad es que se trata de una fuerte retranca al desarrollo de las naciones y una de las causas de ampliación de la brecha de las desigualdades.
La corrupción es provocada por una serie de factores que deben ser identificados para eficazmente combatirla, contenerla y disminuirla.
El profesor Klitgaard del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) planteó hace muchos años una fórmula sobre los elementos concurrentes en la mayoría de los casos de corrupción: alta concentración del poder, mucha discrecionalidad en la toma de decisiones y poca transparencia. Donde quiera que coincidan estos elementos es altamente probable que habrá corrupción en abundancia. Por tanto, los programas y acciones de política que contribuyan a reducirlos o superarlos tendrán impactos notables en la reducción de su incidencia.
Nadie debe ser iluso creyendo que la corrupción se puede erradicar. Pero sí es posible lograr un cambio a fondo en la respuesta social e institucional contra ese fenómeno insidioso y disolvente: no solo en relación al manto de impunidad que lo cubre, sino en un aspecto más decisivo: las acciones de prevención.
La mayoría de los expertos coinciden en que es más difícil perseguir la corrupción y recuperar los activos sustraídos o asegurar indemnizaciones, que prevenir su ocurrencia con reformas institucionales puntuales, y que, además, puedan minimizar los daños que ocasione.
Sin embargo, los expertos también recomiendan la persecución y castigo en aquellos casos susceptibles de ejercer un saludable “efecto demostración” sobre toda la sociedad, indispensable para reforzar su sistema de sanciones, enviando la señal de que “la corrupción no paga”. Son los llamados casos de corrupción de cuello blanco, que por lo general constituyen crímenes complejos, perpetrados mediante tramas de alta peligrosidad,  ejecutados por actores con gran poder.
Estructuras de corrupción
En República Dominicana existen estructuras y cultura de corrupción, con ramificaciones y raíces impresionantes. Y por eso hay tanta  impunidad. Debemos tener bien presente, además, que la corrupción local se articula y refuerza con la corrupción transnacional, que en ocasión de la globalización, como bien explicó la economista Loretta Napoleoni, se ha reforzado a niveles sin precedentes junto al auge de “una economía canalla”.
De tiempo en tiempo, en momentos específicos, y por determinadas causas o eventos, se abren procesos importantes en los que se enjuicia y condena a “grandes culpables” de fraudes.
Esos procesos excepcionales funcionan en realidad como mecanismos de catarsis, o más bien de reajuste, dentro de un sistema que por su esencia y sus características, opera con el lubricante de la corrupción en todos sus niveles.
Han servido para “ajustar cuentas” entre facciones políticas o grupos de interés, sobre todo en coyunturas de intensas contradicciones por concentrar más riqueza y poder o por controlar sectores estratégicos. Asimismo, son útiles para entretener a las masas populares, que en sus agobios sienten cierta compensación cuando “trancan” a algunos “poderosos”.
Además, por un momento proyectan la percepción de que se emprenden acciones correctivas y justicieras, cuando en verdad solo se busca que en lo sustancial todo siga igual.
En el presente hay muchas expectativas de que el caso Odebrecht provoque grandes terremotos políticos en todo el continente, que marquen un cambio profundo y duradero.
Aquí las aspiraciones al respecto tienen un amplio registro: incluyen desde los que esperan que el presidente Medina se convierta en el Lee Kuan Yew del Caribe, emulando al legendario dictador desarrollista de Singapur, implacable con la corrupción y los corruptos, hasta los que desean que corra la suerte del ex Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, quien cayó después de una explosión de “indignación popular”, en la que no faltaron estrategias y estímulos foráneos.
Pero en las presentes circunstancias, ni un extremismo absurdo ni el aventurerismo desesperado, son buenos consejeros. Lo cierto es que con ese caso se ha llegado a un punto de saturación social, y sea para bien o para mal, será considerado un punto de inflexión en la vida nacional, por su impacto en la conciencia de amplios sectores de la sociedad y su disposición de movilizarse y protestar.
Pase lo que pase, todos esos avatares se quedarán en la superficie, mientras no se enfrenten y reduzcan las causas subyacentes de las extendidas prácticas corruptas, que cada vez más dificultan al Estado cumplir sus fines esenciales y acentúan las diferencias entre las minorías privilegiadas y las grandes mayorías.
Cambios
Mucha gente no ve la relación y otros prefieren no verla, pero mientras la política sea una actividad de altísimos costos económicos será cada vez menos democrática y más excluyente, y seguirá siendo un campo de inversión altamente rentable para los que buscan negocios fraudulentos o mafiosos de la mano del Estado, dirigidos a capturar rentas y no a crear riquezas.
Así las cosas, la plutocracia o poder de los que tienen dinero, y el crimen organizado, se convierten en los hechos en los grandes electores de las sombras. Y el uso y abuso de los recursos públicos para mantener cuotas de poder, se impone “por necesidad”, tanto como la práctica de cada gobierno de crear “sus propios ricos”.
Reformar la política electoral y partidaria para que sea trasparente, equitativa y de costos accesibles, es cortar una de las raíces profundas de la corrupción estructural. Ya la Constitución del 2010 estableció mandatos muy claros de limitar los tiempos de campañas, fijar topes en los gastos electorales y garantizar el acceso equitativo a medios de comunicación.
Resulta fundamental para comenzar a desmontar la visión patrimonial que impera sobre las funciones y cargos  públicos: ese botín que se reparte en cada elección, donde la búsqueda de “lo mío” va impidiendo progresivamente la realización de “lo nuestro”. El funcionario nunca se verá como un servidor público mientras entienda que su puesto le pertenece, que se lo ganó en las bregas político-partidarias, y que es su chance de “resolver su vida”. Su lealtad no será con el Estado y la nación, ni mucho menos con la ciudadanía, sino con el partido o la facción a la que pertenece. Su actitud siempre será la de “un jefe” o “jefecito” que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho, y dispensa como gracia el cumplimento de deberes, contribuyendo a degradar así las relaciones políticas y anular el concepto de ciudadanía. Y que conste que en todos los gobiernos han servido y sirven con integridad y decoro miles de hombres y mujeres que son militantes de partidos. Sin embargo, muchos han tenido que vivir bajo la sospecha de que son corruptos por ser políticos, o  sufrir la crítica de su gente más cercana de ser unos pendejos por no haberse aprovechado de su paso por el poder para adquirir fortuna.

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