jueves, 5 de febrero de 2015

Ministerio de Trabajo prohíbe consultar crédito para dar empleo


LABORAL
Ministerio de Trabajo prohíbe consultar crédito para dar empleo
Patria Reyes Rodríguez  Santo Domingo
El Ministerio de Trabajo prohibió, mediante resolución 02-2015, consultar los datos personales relativos al historial crediticio de los solicitantes de empleo para utilizarlos como criterio al momento de evaluar a las personas para otorgarles un empleo o para que permanezca en el mismo.
La máxima autoridad laboral del país, valoró como una práctica discriminatoria para el acceso al empleo las consultas del crédito personal de los aspirantes a un puesto de trabajo. 
Según la resolución emitida el pasado dos de febrero, y que será efectiva a partir de este sábado, esta acción es “una distinción, exclusión o preferencia que tiene por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el acceso al empleo, permanencia en el empleo u ocupación”.
La ministra de Trabajo, Maritza Hernández, mediante la resolución, ordenó a la Dirección General de Empleo y a la Dirección General de Trabajo a que garanticen el cumplimiento efectivo de dicha presente resolución, así como de cualquier otra disposición que tienda a proteger el derecho de las personas respecto a actos discriminatorios para el acceso o durante el empleo.  
Exhortó a los sectores empleador y trabajador para que esta resolución sea conocida y comentada por los mismos en los espacios tripartito de diálogo social.
En sus considerandos, la resolución plantea que tanto la Constitución de la República en sus 7, 44 y 62, como las principio VII del Código de Trabajo, prohibe “cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos, de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador”.
Considera, además, que según la ley 172/13 en su artículo 5, los archivos de datos personales no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o al orden público, siendo debidamente registrados y apegados a los principios establecidos.

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